El ex intendente de Alberdi, Luis “Pato” Campos, y su esposa, la legisladora Sandra Figueroa, fueron señalados como el “sostén estructural del grupo” que fue procesado por el juez federal José Manuel Díaz Vélez por supuesto lavado de activos, confabulación con el narcotráfico y asociación ilícita. Así se desprende del fallo en el que también se acusó formalmente de los mismos delitos a José Roldán (ex secretario de Hacienda), Pablo Barrionuevo (ex secretario de Acción y Desarrollo Social), José Albano Loru (ex concejal) y Roque “Chipi” Giménez (empresario).

La resolución genera impacto político e institucional por distintos factores. Por un lado, porque el fallo salió apenas dos semanas antes de que se celebren las elecciones para diputados, lo cual no cayó nada bien en la Casa de Gobierno. Además, en Alberdi, los vecinos irán a las urnas el mismo 26 para elegir intendente y 10 concejales como consecuencia de la intervención que dispuso el gobernador Osvaldo Jaldo -vía DNU- el 9 de junio y fue ratificada por el Poder Legislativo. Por otra parte, genera incomodidades al oficialismo de la Cámara la situación de Figueroa dado que hubo una notificación formal de la Justicia Federal. Incluso, ya que hubo pedidos formales de la oposición para que se la suspenda (impulsados por José Cano y Silvia Elías de Pérez). Según trascendió, se le recomendaría que tome licencia.

“Reciclado de recursos”

A partir de la investigación que lidera el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, el juez consideró que existen pruebas suficientes de que los imputados integraban una presunta banda criminal que operaba desde el municipio y resolvió la imputación de seis de los protagonistas en una resolución de más de 150 páginas.

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Según esta teoría y en base a las pruebas recabadas, Campos y Figueroa “conforman el ‘sostén estructural del grupo’, dentro del cual se encuentran otros actores como Giménez, Loru, Barrionuevo y Roldán. Los beneficios mutuos y el enriquecimiento continuado se evidencian en los decretos y contrataciones a favor de Giménez Consulting Group, que dan cuenta de un circuito de legitimación y reciclado de recursos que favorece a integrantes de la asociación”, expuso el juez. Y agregó: “el vínculo entre los imputados, surgido de las conversaciones filtradas, funcionarios públicos que cumplen rol de operadores económicos y el flujo de beneficios obtenidos, evidencian una asociación ilícita con finalidad criminal múltiple”.

Salvedades del fallo

Díaz Vélez, sin embargo, hizo la salvedad de que, por los elementos recolectados hasta el momento, “se apunta a la existencia de una empresa criminal colectiva donde todos los imputados, en sus respectivos roles y con pleno conocimiento del fin delictivo, contribuyen de manera coordinada a la consecución de objetivos ilícitos múltiples”. Es decir que posiblemente no había un único “cabecilla” con un rango superior. “Se trata de una red de permanencia donde cada uno conoce el objetivo a realizar, con una clara división de roles y funciones”, sentenció.

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A su vez, el magistrado mencionó que aunque el matrimonio Campos-Figueroa es descripto como “el sostén estructural” por la pesquisa, su rol -en base a los audios que destaparon el escándalo y las denuncias- parece más vinculado “a la gestión política, la cobertura institucional y el beneficio económico del lavado de activos, que a la manipulación directa y operativa de la droga o la coacción inmediata de testigos claves”.

No se dictó prisión preventiva contra Campos y Figueroa, a diferencia de los otros cuatro procesados. Sin embargo, no pueden salir del país sin autorización judicial. A los seis procesados se les trabó un embargo por un total de $1.400 millones.